Metes la mochila bajo el asiento, pagas religiosamente esos 15 o 20 euros por la maletita de cabina y ni te lo planteas: es lo que toca, piensas, para volar barato. Pues resulta que ese gesto tan cotidiano, repetido por millones de españoles cada verano, ha terminado en los tribunales y en las cuentas de las aerolíneas con un roto de casi 180 millones de euros. Ryanair, Vueling y EasyJet (junto a Norwegian y Volotea) han sido sancionadas por el Ministerio de Consumo por cobrar ese suplemento que tantos consideramos ya casi normal.
La historia empezó a destaparse en el verano de 2023, cuando fuentes del Ministerio de Consumo confirmaron que en el verano de 2023 se abrieron expedientes a cuatro aerolíneas de bajo coste ante las denuncias recibidas, para investigar prácticas consideradas abusivas. Las quejas venían sobre todo de asociaciones como Facua, hartas de recibir reclamaciones de viajeros que veían cómo su billete «barato» se encarecía en cuanto querían subir una maleta de cabina. En mayo de 2024 llegó el primer aviso serio: una multa de 150 millones de euros. Pero el Ministerio no se quedó ahí.
Lo esencial
- ¿Cuánto dinero ha salido de los bolsillos de los viajeros españoles en estos años por un cobro que podría ser ilegal?
- Mientras el Gobierno multa a las aerolíneas, algunos tribunales europeos las dan la razón: ¿quién tiene razón realmente?
- Una pregunta al Tribunal de Luxemburgo podría cambiar todo el sistema de cobros de equipaje en 2025
De 150 a 179 millones: el varapalo definitivo
Medio año después, en noviembre de 2024, la sanción se elevó y se hizo firme en vía administrativa. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, firmó sanciones por prácticas abusivas contra cinco aerolíneas lowcost por un importe total cercano a los 179 millones de euros. El reparto no fue ni mucho menos equitativo entre las compañías: la sanción más elevada fue para Ryanair con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros. Ryanair, la aerolínea que según varios medios inició esta práctica allá por 2018, se llevó con diferencia la peor parte.
Lo que Consumo persigue no es solo el cobro del equipaje de mano. En el mismo paquete de sanciones se incluyen otras prácticas que probablemente también te suenan: exigir un sobrecoste por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes, no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles, e imponer una tasa desproporcionada y abusiva por la impresión de la tarjeta de embarque. Un cóctel de pequeños cobros que, sumados, explican buena parte del margen de las low cost.
El argumento jurídico de fondo no es nuevo. Consumo se apoya en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Vueling de 2014, que determinó que se obliga a las compañías aéreas a transportar al pasajero. También su equipaje, siempre que responda a determinados requisitos de peso, por el precio del billete, sin que pueda exigirse ningún suplemento. A eso se suma el venerable artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea de 1960, que en pleno 2026 sigue dando guerra en los juzgados.
Un lío judicial que no termina de aclararse
Aquí viene la parte más surrealista de todo este culebrón: mientras el Gobierno multa, los tribunales se contradicen entre sí de una manera que roza lo cómico. Por un lado, decenas de juzgados españoles y europeos han dado la razón a Ryanair. En enero de este mismo año, el Tribunal de lo Mercantil de Bruselas determinó que la normativa de la low cost irlandesa cumple plenamente con la legislación de la Unión Europea, en una sentencia que no fue recurrida y que ya es definitiva y vinculante. La propia aerolínea presume de que tribunales de media Europa, incluidos varios españoles, han avalado su política.
Pero, ojo, la foto es mucho más complicada de lo que parece. En paralelo, otros juzgados han ido en la dirección contraria y han obligado a la compañía a devolver dinero a pasajeros concretos. En Granada, por ejemplo, el juzgado de lo Mercantil condenó a Ryanair a pagar a un vecino los 66 euros que le cobró por llevar una maleta de mano, ya que la normativa europea obliga a transportar dicho equipaje de manera gratuita. En Madrid, otro juzgado fue igual de contundente y calificó de abusivo cobrar suplemento por un equipaje de mano extra. Y en Salamanca, una jueza llegó a sentenciar que este tipo de equipaje «es un elemento indispensable del transporte de los pasajeros» y que, por tanto, «no puede ser objeto de suplemento de precio».
¿Cómo puede ser que unos tribunales digan blanco y otros digan negro sobre lo mismo? Pues porque, en el fondo, nadie se ha atrevido todavía a zanjar la cuestión de forma unánime, y cada juzgado interpreta a su manera una normativa que deja demasiados resquicios abiertos.
Lo que trae (y lo que no trae) la nueva ley europea
Justo quien podría poner orden en este caos, Bruselas, acaba de mover ficha, aunque no de la forma que muchos esperaban. El Parlamento Europeo aprobó hace apenas unas semanas una reforma completa de los derechos de los pasajeros aéreos, la primera en más de veinte años. Y aquí llega la decepción para quienes esperaban el fin definitivo de estos cobros: el equipaje de mano queda como uno de los puntos más limitados de la reforma, que garantiza que todos los pasajeros puedan llevar sin coste un artículo personal de dimensiones reducidas, de un máximo de 40 x 30 x 15 centímetros, que quepa debajo del asiento delantero. Nada más.
La gratuidad no se extiende a la maleta de cabina ordinaria, por lo que las compañías podrán seguir cobrando un suplemento por los bultos destinados a los compartimentos superiores. Lo único que se endurece es la transparencia: ese suplemento tendrá que figurar de forma clara desde el primer clic de la reserva, sin sustos de última hora al pagar. España, por cierto, votó en contra de este acuerdo en el Consejo de la UE, defendiendo que el equipaje de cabina debería ser gratuito por completo, en línea con lo que ya sostienen buena parte de sus juzgados.
Mientras tanto, hay un dato que puede cambiarlo todo de un plumazo: un juzgado de Primera Instancia de A Coruña ha elevado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si el cobro de suplementos por el equipaje de mano es compatible con el derecho comunitario. Esa respuesta, cuando llegue desde Luxemburgo, podría poner fin de una vez a este pulso entre aerolíneas, Gobierno y juzgados, o quizá simplemente añadir un capítulo más a una saga que, a estas alturas, parece no tener fin. ¿Seguiremos pagando por la maleta en 2027 como si fuera ley de vida, o alguien conseguirá por fin que ese «suplemento» desaparezca del billete?
Sources : dsca.gob.es | telemadrid.es